Por qué República Dominicana necesita una ley de restitución a víctimas transfronterizas

La propuesta FRVICOT: devolver a las comunidades haitianas parte del dinero criminal que se lava en nuestro territorio

 

Por: Quilvio C. Fernández  |  Mayo 2025

 

 




El Estado dominicano tiene hoy el poder legal de confiscar los bienes de los criminales que lavan dinero en nuestro territorio. a los que llamo "DOLARES DE SANGRE", Lo que no tiene — y lo que proponemos crear — es el mecanismo para devolver parte de ese dinero a quienes verdaderamente lo perdieron.

En los dos artículos anteriores de este blog hablé del problema en detalle, cómo las bandas haitianas generan cientos de millones de dólares con el sufrimiento de su propio pueblo, y cómo ese dinero termina circulando en nuestro sistema financiero e inmobiliario. En este artículo quiero hablar de la solución que desde Funbehique hemos estado desarrollando durante meses.

La propuesta se llama FRVICOT — Fondo de Reparación a Víctimas del Crimen Organizado Transfronterizo. Y la razón por la que creo que es necesaria no es complicada: lo que existe hoy no alcanza.

Lo que existe y lo que falta

República Dominicana tiene buenas leyes contra el lavado de activos. La Ley 155-17 es un instrumento serio y moderno. Tenemos extinción de dominio, tenemos la Unidad de Análisis Financiero, tenemos una Procuraduría que en los últimos años ha mostrado más voluntad de actuar. Todo eso existe y funciona, aunque siempre con espacio para mejorar.

Ahora bien, cuando el Estado dominicano confisca y vende los bienes de una red criminal haitiana que lavó dinero aquí, ¿qué pasa con las familias haitianas que fueron secuestradas para generar ese dinero? ¿Qué pasa con las comunidades que fueron extorsionadas? ¿Qué pasa con el pueblo haitiano al que sus propios gobernantes corruptos le robaron los fondos públicos y los trajeron a lavar a Santo Domingo?

La respuesta honesta es, nada. Ese dinero se distribuye entre instituciones dominicanas bajo el artículo 33 de la Ley 72-02. Lo que es perfectamente legal, Pero podríamos hacer un poquito mas sin violar la ley, y es aportar un poco para aliviar la miseria de eas comunidades saqueadas por las bandas criminales.

La idea central de la propuesta

No estamos proponiendo quitarle nada al Estado dominicano. Estamos proponiendo que parte del dinero criminal confiscado, que hoy va íntegro al Estado de todas formas, se distribuya de forma diferente cuando proviene específicamente de organizaciones criminales transfronterizas.

El esquema que proponemos es el siguiente: cuando se confisquen bienes vinculados a organizaciones criminales transfronterizas designadas — o a funcionarios corruptos extranjeros que laven en RD — el dinero obtenido se distribuye en cuatro partes.

El 50% va a seguridad nacional y fronteriza. Ese dinero financia directamente al CESFRONT, a la inteligencia financiera y a los operativos contra las mismas redes que generaron los recursos. En otras palabras, el crimen financia su propia persecución. Eso tiene toda la lógica del mundo y es el punto que más convence a cualquier institución del Estado.

El 30% va al Fondo FRVICOT — a las comunidades y familias víctimas en el país de origen de los crímenes, canalizados exclusivamente a través de la Iglesia Católica en Haití y otras instituciones humanitarias con presencia verificada en ese territorio. Ninguna organización con sede en República Dominicana puede tocar esos fondos.

El 15% va al fortalecimiento institucional: formación de fiscales especializados, tecnología para la Unidad de Análisis Financiero, cooperación con organismos internacionales. El 5% restante cubre los gastos administrativos del mecanismo. El Estado dominicano pone la nómina — ese 5% es solo operativo.

¿Por qué la Iglesia Católica en Haití?

Esta pregunta me la han hecho varias veces y la respuesta es práctica, no solo simbólica. En este momento, la Iglesia Católica en Haití es prácticamente la única institución que todavía tiene presencia real, confianza popular y capacidad de distribución en las comunidades haitianas más afectadas por las bandas.

El gobierno haitiano es prácticamente inexistente. Las agencias internacionales trabajan con dificultad extrema. Pero los sacerdotes y las comunidades religiosas siguen en sus parroquias, siguen conociendo a las familias, siguen siendo el punto de referencia de comunidades que han perdido todo lo demás. Ese capital de confianza no tiene precio cuando se trata de hacer llegar recursos a quienes realmente los necesitan.

La propuesta reconoce a la Conferencia Episcopal Haitiana como institución prioritaria, pero también abre la puerta a otras entidades verificadas — Cruz Roja, organismos de Naciones Unidas — con el mismo nivel de exigencia en transparencia y rendición de cuentas.

El argumento que más me convence personalmente

He presentado esta idea a varias personas — legisladores, académicos, gente de la sociedad civil — y el argumento que más convence no es el humanitario, aunque ese también vale. El que más convence es el estratégico.

Las bandas haitianas no temen las prisiones. Tienen capacidad de reclutar infinitamente mientras la pobreza y el caos sean la norma en Haití. Lo que sí debilita a una organización criminal es cortarle el acceso al dinero. Y si parte del dinero que logran lavar aquí regresa a las comunidades que intentan controlar mediante el terror, eso tiene un efecto desestabilizador sobre su base de poder.

No es una solución mágica. Pero es una palanca que hoy no existe y que podría existir si República Dominicana tiene la voluntad de ser el primer país del Caribe en crear un mecanismo de estas características.

El camino por delante

La propuesta está desarrollada en detalle en un anteproyecto de ley completo que Funbehique ha elaborado durante meses de investigación del marco legal dominicano e internacional. No duplica ninguna ley existente — las complementa con el único elemento que falta: el destino de los resultados.

Estamos en proceso de presentar esta iniciativa a las instituciones correspondientes, incluyendo el Congreso Nacional y organismos internacionales que trabajan en la región. En las próximas semanas tendremos novedades sobre ese proceso.

Si usted conoce a alguien en el ámbito legislativo, diplomático, eclesiástico o de la sociedad civil que debería conocer esta propuesta, le agradecería que la comparta. Las buenas ideas necesitan circular para prosperar. Y esta, con toda la modestia que me cabe, creo que es una buena idea.

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