Deforestación, carbón
ilegal y redes criminales en la frontera dominico-haitiana
Por: Quilvio C. Fernández | 15 abril 2026
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Cada
semana, más de cien toneladas de carbón vegetal producido con madera
dominicana cruzan ilegalmente hacia Haití. No es un problema de pobres que
buscan sobrevivir. Es crimen organizado que destruye nuestras cuencas
hidrográficas y nadie parece querer llamarlo por su nombre. |
Llevo tiempo pensando en cómo
escribir este artículo sin sonar alarmista, pero honestamente no creo que haya
forma de suavizarlo: los bosques de la Sierra de Bahoruco, del Lago Enriquillo
y de la zona fronteriza sur de la República Dominicana están siendo devorados
de forma sistemática, organizada y con la complicidad de gente que debería
protegerlos.
No hablo de campesinos pobres que
cortan un árbol para hacer carbón y cocinar. Hablo de redes estructuradas, con
roles definidos, con hornos clandestinos construidos en zonas de difícil
acceso, con rutas de transporte establecidas y con mercado de destino
garantizado al otro lado de la frontera.
El número que nadie
quiere discutir
Un estudio citado por el New York
Times y confirmado por investigadores dominicanos establece que se mueven
aproximadamente 115 toneladas semanales de carbón ilegal desde República
Dominicana hacia Haití. Para que tengamos dimensión: eso son más de seis mil
toneladas al año. Y eso son estimados conservadores.
¿Por qué Haití necesita tanto
carbón de nuestros bosques? Porque Haití ya no tiene bosques propios. Según la
Universidad de Oregón, la cubierta forestal primaria haitiana está por debajo
del 0.32% de su territorio. En 1988 era del 4.4%. El país ha destruido
prácticamente todo lo que tenía, y ahora viene a buscar lo nuestro.
El 86% del carbón vegetal que se
consume en Haití proviene de República Dominicana, legal e ilegalmente. Y
mientras del lado dominicano nos preocupamos de vez en cuando, del lado
haitiano el carbón representa el 5% del PIB del país. Es un negocio enorme. Y
los negocios enormes generan estructuras criminales para protegerlos.
Esto no es pobreza. Es
crimen organizado.
Quiero ser claro en algo porque es
un punto que se confunde mucho en el debate público dominicano: el problema no
son los haitianos pobres que cruzan a buscar madera para sobrevivir. Eso
existe, pero no es lo que está destruyendo la Sierra de Bahoruco.
Lo que está destruyendo nuestros
bosques es algo diferente: grupos organizados que cruzan desde comunidades
específicas del lado haitiano, identifican los árboles de mayor valor —
campeche, bayahonda, pino — construyen hornos artesanales ocultos entre la
vegetación, producen el carbón y lo transportan en burros y en camiones hacia
Haití. Todo eso requiere coordinación, financiamiento, logística y protección.
El investigador Manuel Cruz Estévez
de la fundación Wildlife Without Borders documentó grupos que cruzaban desde
Fort-Liberté, Ferrie y Limonade hacia territorio dominicano para cortar madera.
No espontáneamente. Con organización.
Y aquí viene la parte más incómoda:
un reportaje de Diario Libre documentó cómo el Ministerio de Medio Ambiente
dominicano emitió permisos de explotación forestal que autorizaron la tala de
124,649 árboles a un solo propietario. Legalidad de papel para cubrir actividad
criminal. Cuando la ilegalidad consigue permisos oficiales, ya no estamos
hablando de contrabando artesanal. Estamos hablando de corrupción institucional
al servicio del crimen organizado.
Lo que esto tiene que
ver con la seguridad nacional
|
Cuando
una cuenca hidrográfica fronteriza se deforesta, no solo pierdes los árboles.
Pierdes el agua. Y cuando pierdes el agua en las provincias de Barahona,
Independencia y Pedernales, no es un problema ambiental abstracto — es una
amenaza directa a las comunidades que viven de esa agua. |
Los ríos de la zona fronteriza sur
alimentan sistemas de riego que sostienen agricultura dominicana. La presa de
Sabaneta, el río Yaque del Sur en sus afluentes altos — todo eso depende de la
cobertura boscosa de las montañas que estamos viendo desaparecer.
Eso convierte la deforestación
criminal en un asunto de seguridad nacional, no solo de medio ambiente. Y
cuando la tala ilegal la ejecutan redes organizadas con base de operaciones en
Haití — las mismas redes que participan en tráfico de personas y lavado de
activos — el problema se multiplica.
Una propuesta concreta
Desde Funbehique hemos estado
trabajando en una iniciativa legislativa que propone, entre otras cosas, que
cuando el Estado dominicano decomise bienes de redes criminales
transfronterizas — incluyendo las que operan el tráfico de carbón ilegal —
parte de esos recursos se destine obligatoriamente a la reforestación de las
cuencas fronterizas afectadas.
La lógica es simple: el crimen
destruye nuestros bosques y genera ganancias. Cuando capturamos esas ganancias,
una parte debe volver a reparar lo que destruyeron. No es un principio
complicado — es justicia básica.
Los bosques de Bahoruco no son solo
árboles. Son agua, son biodiversidad, son comunidades enteras que dependen de
ese ecosistema. Perderlos no es una fatalidad inevitable. Es una decisión que
estamos tomando — o dejando de tomar — cada día que pasa sin actuar.
Quilvio C. Fernández es
presidente de la Fundación Funbehique, organización social y cultural
dominicana.
Contacto:
contacto@funbehiquerd.org | www.funbehiquerd.org
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