PERIODISMO Y CONTAMINACIÓN. Por: Quilvio C Fernandez

 

Cifras en la sombra: vacíos de la Ley 136-03 que aprovechan las mafias para reclutar menores en RD

Por Quilvio C Fernandez

Mientras la delincuencia juvenil de alta peligrosidad golpea calles y barrios, la República Dominicana sigue operando a ciegas. La Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) impide difundir nombres o imágenes de menores infractores, una medida de protección razonable. Pero las autoridades han llevado ese blindaje a un extremo injustificable: ocultan las cifras agregadas de delitos cometidos por adolescentes, sus tipologías, sentencias y reincidencia.

Sin estadísticas públicas, no hay política posible. Y en ese vacío de datos, los carteles y bandas organizadas han encontrado un caldo de cultivo ideal para reclutar niños y adolescentes, usándolos como carne de cañón para homicidios, ajustes de cuentas y microtráfico.

Lo que la Procuraduría no quiere mostrar

Según datos fragmentarios obtenidos por esta investigación de fuentes oficiales y testimonios de investigadores policiales —que piden reserva por temor a represalias—, entre febrero y abril de 2025 la Procuraduría General de la República (PGR) registró 859 delitos cometidos por adolescentes internos en Centros de Atención Integral. De ellos, 328 fueron robos agravados, 179 violaciones sexuales y 170 homicidios.

Sin embargo, no existe un boletín periódico ni un portal accesible que permita saber si esos números suben o bajan, en qué municipios se concentran, ni cuántos de esos jóvenes reinciden tras cumplir sus condenas —que, por ley, apenas alcanzan los 5 años como máximo para los de 16 a 18 años.

Varios agentes e investigadores consultados coinciden: las cifras reales son muy superiores a las que aparecen en los raros comunicados de prensa de la PGR. “Hay homicidios cometidos por menores de 13 años que ni siquiera entran en el sistema penal, porque la ley los declara irresponsables. Ni siquiera se registran como delitos juveniles, se archivan”, denuncia un oficial con 15 años de experiencia en el departamento de homicidios.

Vacíos legales: una licencia de impunidad para las mafias

La Ley 136-03 establece tres pisos que han sido explotados sistemáticamente por el crimen organizado:

1.      Menores de 13 años: irresponsabilidad penal absoluta. Un niño puede cometer un asesinato o una violación y el Estado solo puede aplicar “medidas de protección” (como un taller psicológico). Las mafias lo saben y reclutan niños de 10, 11 y 12 años para sicariato.

2.      Penas máximas ridículas: 3 años para los de 13 a 15; 5 años para los de 16 a 17. Y con el artículo 341, al cumplir la mitad de la condena, un juez puede sustituir la pena por una más leve. En la práctica, un adolescente puede asesinar a 10 personas y salir libre en menos de dos años.

3.      Prohibición de difundir identidad: correcta en sí misma, pero usada como excusa para no publicar estadísticas anonimizadas. El CONANI y la PGR se escudan en “protección de datos” para no ofrecer series históricas desagregadas.

El resultado es un paraíso para los carteles: reclutan menores sabiendo que, si los capturan, en semanas o menos de tres años si es asesinato vuelven a la calle —más entrenados, más violentos y con más contactos criminales.

El silencio del Congreso y el lobby de las ONG

Ninguna comisión legislativa ha evaluado el impacto real de la Ley 136-03 desde su promulgación en 2004. Las iniciativas de modificación han sido sistematicamente bloqueadas por un reducido grupo de organizaciones no gubernamentales que, bajo un discurso de “protección integral”, defienden cualquier artículo que limite sanciones. Estas ONG, muchas financiadas con fondos internacionales, han logrado que el blindaje legal se mantenga intacto mientras la ciudadanía clama por justicia.

El Congreso no solo no fiscaliza; ni siquiera exige a la Procuraduría un informe anual detallado sobre delincuencia juvenil. Esa omisión es la otra cara de la complicidad.

 

¿Qué hacer? Tres líneas para salir del hoyo

Frente a este diagnóstico, especialistas en criminología y exfuncionarios consultados coinciden en que no se trata de “mano dura” ni de abolir derechos, sino de cerrar los vacíos que hoy permiten la impunidad y el reclutamiento:

1. Datos públicos, pero anonimizados

La Procuraduría debe publicar trimestralmente un boletín con:

·         Delitos cometidos por menores, desagregados por edad, sexo, municipio y tipología.

·         Porcentaje de reincidencia.

·         Sentencias impuestas (privación de libertad, medidas alternativas) y tiempo efectivo de cumplimiento.

·         Número de adultos procesados por reclutar menores como parte de bandas.

Ninguna ley lo impide. Lo que falta es voluntad política.

2. Reforma quirúrgica de la Ley 136-03

·         Bajar la edad de responsabilidad penal a 12 años, con un sistema gradual de consecuencias.

·         Incluir la reincidencia como agravante que pueda extender la pena máxima hasta 7 u 8 años para los delitos graves y para asesinato hasta 30 años para disuadir.

·         Crear la figura de “utilización de menores para actividades delictivas” como delito autónomo de crimen organizado, con penas de 15 a 20 años para los adultos captadores.

3. Reinserción real, no discursos

Los actuales centros de atención integral son cárceles sin educación de calidad. Se necesita:

·         Escuelas técnicas dentro de los centros, con certificación oficial.

·         Pasarela laboral protegida para egresados, con incentivos fiscales a empresas que contraten jóvenes con antecedentes penales.

·         Sistema de mentores y seguimiento post-condena de al menos dos años, para evitar que el menor vuelva a ser captado por la banda.

Conclusión: ocultar cifras es proteger a los carteles

La República Dominicana no puede seguir actuando como si los adolescentes infractores fueran un fenómeno marginal. Cada dato que la Procuraduría esconde, cada estadística que no se publica, cada condena que se reduce automáticamente por un artículo obsoleto, es un regalo para las mafias que convierten a nuestros niños en sicarios.

Es hora de exigir al Congreso una evaluación independiente de la Ley 136-03, y a la PGR transparencia real. Ocultar cifras no protege a los menores: los convierte en cómplices silenciosos de un sistema que prefiere no ver la sangre en las calles.

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Fuentes consultadas

·         Agentes e investigadores policiales (reserva de identidad).

·         Fragmentos del Boletín de Transparencia de la Procuraduría General de la República (feb-abr 2025).

·         Ley 136-03 y análisis jurisprudencial.

·         Testimonios de operadores del sistema de justicia juvenil.

·         Testimonios de víctimas de crímenes cometidos por menores